Desde el Gobierno se ha anunciado la extensión de la consulta pública de la Carta de Derechos Digitales de España.
Hay que mencionar que el impulso para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales de España es uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025.
Para este proceso se ha contado con numerosas contribuciones de la sociedad civil, así como el trabajo de un grupo de expertos de primer nivel.
“El proceso de elaboración una Carta de Derechos Digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto”.
La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha puesto en marcha un proceso amplio de consulta pública.
También ha impulsado los trabajos de un grupo de expertos en la materia formado por destacados juristas, representantes de usuarios e internautas o consultores de ciberseguridad, entre otros perfiles.
Además, ha contado con la participación de los ministerios de Justicia y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la Agencia Española de Protección de Datos.
El texto elevado a consulta pública recoge un conjunto de principios y derechos para guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas, de forma que se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales.
El borrador de la Carta de Derechos Digitales de España se ha sometido a consulta pública coincidiendo con la celebración de un evento en el que han participado algunos de los miembros del grupo de expertos y otras personas activas en el debate público sobre los derechos digitales.
“Una vez recogidas las observaciones y aportaciones que se hagan en esta fase de consulta pública, se elaborará el texto final de la Carta de Derechos Digitales, que inspirará los futuros pasos a seguir en la protección de la sociedad de cara a los nuevos retos digitales”.
Allí se fijarán los principios sobre los que asentar la salvaguarda de los derechos fundamentales en el escenario digital. De esta manera, España busca colocarse a la vanguardia de la protección de los derechos digitales, tanto por el contenido de la Carta como por su elaboración participativa.
Impulso de derechos digitales
Se ha tomado como premisa que el desarrollo del mundo digital ha impactado de manera decisiva en la forma en la que se despliegan actividades sociales, económicas y culturales.
Tampoco es un secreto que la emergencia sanitaria por coronavirus ha hecho más evidente ese profundo cambio a la transformación digital, hasta el punto de que gran parte de esas actividades pasaron a realizarse prioritariamente de manera remota en un breve espacio de tiempo.
“Los objetivos principales de esta carta pasan precisamente por proponer vías para garantizar el respeto a los valores compartidos también en ese entorno digital. En este sentido, es esencial profundizar en las protecciones necesarias para afrontar con garantías la transformación digital de todos los ámbitos”.
Se ha puntualizado que la elaboración de este documento contribuye a los objetivos ya avanzados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Con esta propuesta de Carta de Derechos Digitales de España, el país “quiere seguir en una posición de vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía y contribuir activamente a las diferentes iniciativas y debates que se están desarrollando en el ámbito europeo y global”.
